Autoridades advierten contra el uso de servicios de criptomonedas sin licencia
En la actualidad, el negocio de la compra-venta de cualquiera de las varias criptomonedas del mercado se encuentra en auge. Este tipo de “bienes” cuenta con una peculiaridad fundamental, su valor está basado en la confianza que pueda tener el oferente. En simultáneo, precisamente es en esa confianza (o en su ausencia) en donde radican los peligros intrínsecos de este negocio que se lleva a cabo en el mundo virtual.
Los Estados y el sistema financiero mundial han estado insistentemente, tratando de establecer regulaciones compartidas en torno a su funcionamiento. Esto representa una enorme dificultad en razón de que las criptomonedas quieren dar la espalda a todo tipo de regulación de carácter institucional. Sus promotores aspiran que sean tan solo los mecanismos del mercado los que definan y sancionen sus reglas y sus límites.
Sin embargo, el temor a que se produzcan y se multipliquen las estafas, cosa que ya ha sucedido, atente contra las bondades de su comercio. Por esta razón se ha logrado imponer que los traders de criptomonedas tengan que gozar de una licencia para poder operar. Una parte de la obligatoriedad de disponer de licencias incluye la posibilidad de su intervención para impedir la comisión de delitos financieros.
Uno de los delitos de esta clase más practicado por determinados usuarios, es el llamado lavado o blanqueamiento de dinero. Por otro lado, también se teme que la transferencia ilegal de criptomonedas sirva para la financiación de actividades y grupos terroristas. Esto último y en alguna medida, está asociado con los grupos transnacionales de comercio de narcóticos que se valen de este recurso para mover sus capitales.
Las autoridades han llegado a advertir tanto a empresas como a usuarios, que una intervención policial pudiera conducirles a la pérdida de sus capitales. Una medida de esta gravedad es un mecanismo de presión lo suficientemente poderoso como para forzar a registrar las empresas. De esta manera, se puede erigir un mecanismo de control que evite la comisión de delitos que puedan afectar incluso, naciones enteras.
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Como resultado de las prevenciones formuladas por las autoridades, se ha observado una normalización en la regularización registros de negocios de criptomonedas. En efecto, se ha podido constatar un aumento en el registro de Empresas de Servicios Monetarios o MSB, por sus siglas en inglés. Los negociantes de criptomonedas han optado por legalizar sus empresas antes que correr el riesgo de perder sus capitales.
Hay en los Estados Unidos y otros países, entidades que se encargan de manejar la información referente a la legalidad de las empresas de transferencias de criptomonedas. Entre las poderosas entidades reguladoras, se encuentra FinCEN y funciona como una unidad para la persecución de delitos financieros. Se conoce su actuación en un sinfín de situaciones en las que está involucrada la movilización de grandes cantidades de dinero.